Proyecto: “Construcción del Ferrocarril Interoceánico Norte: Yurimaguas-Iquitos”.

Estudio de Factibilidad con Estudios Definitivos de Ingeniería e  Impacto Ambiental del Proyecto.

II        OBJETIVOS

2.1 Objetivos Generales

El presente documento constituye el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIAd) del Proyecto del Ferrocarril Interoceánico Norte Yurimaguas-Iquitos. Junto con otros documentos adicionales elaborados en las etapas iniciales de desarrollo del proyecto, se da cumplimiento con este Estudio a las normas ambientales aplicables en materia de Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 

El EIA analiza las variaciones que el ferrocarril Yurimaguas-Iquitos inducirá en el entorno o área de influencia, al objeto de: 

  • Atender a la resolución del GOREL, Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente en el desarrollo el EIA conforme a la Categoría III de estudio detallado.  
  • Determinar la inexistencia de impactos de carácter crítico y confirmar así la viabilidad ambiental del proyecto.
  • Cumplir las especificaciones de los Términos de Referencia del Contrato en cuanto a su contenido y estructura, ajustando el índice a lo especificado en el Capítulo II: Estudio de Impacto Ambiental (Agregado 7: Tabla de Contenidos del Informe Final de un Estudio de Impacto Ambiental para Proyectos de Infraestructura Vial), a pesar de la discrepancia de forma (no de contenido) con el Apartado 6.3. Borrador del Informe Final (Volumen III: Estudio de Impacto Ambiental).
  • Determinar la inexistencia de impactos de carácter crítico y confirmar asi la viabilidad ambiental del proyecto.
  • Atender consecuentemente los impactos de carácter negativo, mediante la definición de las medidas asumidas en el plan de manejo ambiental, medidas que serán incluidas en la documentación contractual del proyecto para asegurar su cumplimiento por el contratista. 
  • Valorar aquellas implicaciones que serán beneficiosas, de modo que el balance final se pueda afianzar no solo como asumible, sino como ventajoso para la región. 

Todo lo anterior, tomando en consideración los valores ambientales y sociales del área, asegurando en todo momento el cumplimiento de las normativas de protección de las comunidades mediante el desarrollo del Plan de Participación Ciudadana. 

2.2 Objetivos Específicos

Para satisfacer los objetivos anteriores, se va dando cumplimiento a los siguientes puntos más concretos o específicos: 

  • Describir las condiciones de los componentes ambientales y sociales (físicos, biológicos, socioeconómicos  y  culturales) del área de influencia del proyecto. Para ello se establece una línea base ambiental del proyecto que deja en evidencia la situación pre operacional para su contraste con monitoreos futuros en fases de obra y operación del ferrocarril.
  • Detallar las características y actividades que se desarrollarán en relación con el proyecto, tanto en obra como en explotación, con la finalidad de identificar los aspectos e impactos ambientales más significativos y relevantes.
  • Definir  los impactos ambientales que se prevén derivados del proyecto, con el fin de establecer las medidas de mitigación a niveles aceptables y prever el deterioro ambiental que podría causar el mismo.
  • Proponer medidas y planes específicos orientados a prevenir, corregir o mitigar los impactos socio-ambientales detectados, estableciendo un plan de manejo ambiental durante las etapas de construcción y operación. Así mismo potenciar los impactos positivos que sirvan para realzar el entorno natural, preservar los valores culturales, sociales y mejorar la actividad de transporte, comercio y economía de la zona.
  • Incluir en el presupuesto de ejecución y en las previsiones de operación del ferrocarril los costos de las medidas socio-ambientales derivados de la aplicación del citado plan de manejo ambiental. 
  • Desarrollar el plan de compensaciones por afectación  a predios o viviendas.
  • Atender al cumplimiento de la normativa en materia de participación ciudadana.
  • Atender a los trámites de carácter ambiental asociados a la fase actual de proyecto. 

III MARCO LEGAL

Para el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto “Construcción del Ferrocarril Interoceánico Norte: Yurimaguas-Iquitos”, se ha atendido al cumplimiento de las exigencias y requisitos legales, tanto del Gobierno Regional, la Municipalidad como de los distintos Ministerios e Instituciones implicados.

El titular del proyecto es el Gobierno Regional de Loreto (GOREL),  el cual se encargará de velar por el adecuado desarrollo y ejecución del mismo en sus diferentes fases. Bajo esta premisa se desarrolla el presente marco legal.

El EIA se ha desarrollado teniendo como base lo siguiente:

  • El marco legal referente a normas y leyes orientadas a la protección ambiental vigentes en el país, así como a los aspectos de índole social (participación ciudadana).
  • Así mismo para la elaboración del EIA se hace referencia a normas basadas en los documentos técnicos de gestión ambiental emitidos por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de

Asuntos Socio Ambientales, en conformidad a los parámetros tomados por el Gobierno Regional de Loreto (GOREL) de acuerdo a las normas de descentralización adoptadas.

  • Se atiende igualmente a lo establecido en los Términos de Referencia del

Contrato fijado por el Organismo Público Infraestructura para la Productividad (OPIPP). En este sentido, conviene aclarar que se han encontrado ciertas discrepancias formales en cuanto a estructura, no en cuanto a contenido, en los citados Términos de Referencia, en concreto entre las siguientes partes del mismo relativas al EIA: 

  • Apartado 6.3. Borrador del Informe Final; Volumen III: Estudio de Impacto

Ambiental

  • Capítulo II: Estudio de Impacto Ambiental; Agregado 7: Tabla de Contenidos del Informe Final de un Estudio de Impacto Ambiental para Proyectos de

Infraestructura Vial

Se ha tomado como referencia este último índice (Capítulo II), que por otro lado se adapta a los criterios del MTC y no obvia ninguno de los contenidos exigidos en el Apartado 6.3.

3.1 Entidades Institucionales

La legislación ambiental peruana es aplicada por diversos órganos institucionales debido a que nos encontramos en un país descentralizado, los cuales trabajan conjuntamente con la finalidad de preservar el medio ambiente y los aspectos sociales. 

La Conducción del Sistema Nacional de Gestión Ambiental en el Perú es ejercido por el Ministerio del Ambiente (MINAM), esta entidad cumple la función de promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas. En este caso el proyecto “Construcción del Ferrocarril Interoceánico Norte: Yurimaguas- Iquitos”  está bajo la supervisión y evaluación del Gobierno Regional de Loreto, si bien, siguiendo los parámetros establecidos por el MINAM. 

Por otro lado, son importantes las coordinaciones que adopte el GOREL con la

Dirección de Salud Ambiental (DIGESA), Ministerio de Transportes y

Comunicaciones (MTC) y   Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), entre otras instituciones. 

A continuación se describe un breve comentario de cada una de las instituciones que se interrelacionan con el proyecto:

3.1.1 Ministerio del Ambiente

Es el ente rector del sector ambiental, el objeto de este Ministerio es la conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral social, económico y cultural de las personas, en permanente armonía con su entorno, y así asegurar a las presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Son objetivos específicos del Ministerio del Ambiente: asegurar la prevención de la degradación del ambiente y de los recursos naturales, así como revertir los procesos negativos que los afectan, promover la participación ciudadana en la toma de decisiones para el desarrollo sostenible.

Todos los proyectos de infraestructura deben considerar las medidas ambientales adecuadas desde su implementación hasta su ejecución siguiendo el objetivo del MINAM de mantener un medio Ambiente equilibrado. Dado que el proyecto será supervisado por el GOREL, es esta entidad la que vela en este caso por la protección de su región con el mismo objetivo.

3.1.2 Gobierno Regional de Loreto  (GOREL)

Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública, privada y el empleo garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales  y locales de desarrollo.

EL GOREL es una institución pública, democrática, articuladora y descentralizada que organiza y conduce la gestión regional en concordancia con el marco legal vigente y los lineamientos de política nacional, regional y local, con eficiencia, eficacia y transparencia en la administración de sus recursos, de manera sostenible e implementando estrategias orientadas a elevar la calidad de vida de la población con inclusión social, interculturalidad, equidad de género y paz social.

Siguiendo los fundamentos señalados sobre las funciones del GOREL, éste es el encargado de ver si un proyecto genera las oportunidades adecuadas para que sus ciudadanos puedan tener mayores posibilidades de desarrollo, promoviendo de esta manera proyectos de inversión, tal es el caso del Proyecto “Construcción del Ferrocarril Interoceánico Norte: Yurimaguas – Iquitos”.

3.1.3 Municipalidades Provinciales del Departamento de Loreto 

Las Municipalidades Provinciales y Distritales, son los órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

Estos serán los entes encargados de darnos la viabilidad de los trámites para los procedimientos que se llevarán a cabo durante el desarrollo del proyecto, en el ámbito de su jurisdicción.

3.1.4 Organismo Público Infraestructura para la Productividad – OPIPP

El OPIPP es el ente encargado de gestionar proyectos de gran envergadura de empresa regional. 

OPIPP, tal como lo propone en su marco institucional, tiene como misión ser el órgano ejecutor del Gobierno Regional de Loreto encargado de gestionar, con eficacia, eficiencia, transparencia y economía proyectos de gran envergadura, de impacto regional, en el marco de la administración pública, dotando a la población servicios sociales que procuren mejores condiciones de vida. Por tal motivo, OPIPP se encargará de corroborar el buen funcionamiento de la iniciativa empresarial en la ejecución y operación del proyecto “Construcción del Ferrocarril Interoceánico Norte: Yurimaguas – Iquitos”.

3.1.5 Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

Órgano técnico normativo de nivel nacional que articula multisectorialmente la protección del entorno ambiental y de las personas para proteger y promover la salud de la población, mediante acciones de gestión, regulación, normatividad, vigilancia, control, supervisión, evaluación y de concertación con los gobiernos regionales, locales, y demás componentes del Sistema Nacional de Salud. Así como con otros sectores, para la protección del ambiente, saneamiento básico, higiene alimentaria, control de zoonosis y salud ocupacional, en el marco de la descentralización y globalización; específicamente DIGESA:

  • Norma y evalúa el Proceso de Salud Ambiental.
  • Busca concertar con los organismos públicos y privados para el cumplimiento de sus normas, que apoyan o tienen responsabilidad en el control del ambiente.
  • Coordina el marco técnico-normativo con los Institutos Especializados, Organismos Públicos Descentralizados de Salud y con la Comunidad Científica Nacional e Internacional.

En el proyecto el papel que tiene la DIGESA  está presente desde su ejecución debido a que siempre se tomará como referencia los Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) y los Límites Máximos Permisibles (LMP) para preservar la salud de los pobladores y trabajadores que estén en el área de influencia directa e indirecta del proyecto.

3.1.6 Autoridad Nacional del Agua (ANA)

La ANA fue creada el 13 de marzo del 2008 por el Decreto Legislativo N° 997, con el fin de administrar conservar, proteger y aprovechar los recursos hídricos de las diferentes cuencas de manera sostenible, promoviendo a su vez la cultura del agua.

Es el ente  rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de  Gestión de los Recursos Hídricos, así  también, un organismo especializado adscrito al Ministerio de Agricultura.

La competencia de este organismo en este proyecto será administrativa con respecto a los permisos que se soliciten y fiscalizador en las operaciones del proyecto.

3.1.7 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas  (SERNANP)

Fue creado el 14 de mayo del 2008 por el Decreto Legislativo 1013, con el fin de administrar, dirigir y establecer los criterios técnicos y administrativos para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y de cautelar el mantenimiento de la diversidad biológica.

El SERNANP es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales

Protegidas por el Estado (SINANPE) y en su calidad de autoridad técniconormativa realiza su trabajo en coordinación con gobiernos regionales, locales y propietarios de predios reconocidos como áreas de conservación privada.

3.1.8 Ministerio de Cultura

Es el organismo rector en materia de cultura y ejerce competencia, exclusiva y excluyente, respecto de otros niveles de gestión en todo el territorio nacional.

Las áreas de acción sobre las cuales ejerce sus competencias, funciones y atribuciones para el logro de los objetivos y metas del Estado son las siguientes: 

  • Patrimonio cultural de la Nación, material e inmaterial; 
  • Creación cultural contemporánea y artes vivas; 
  • Gestión cultural e industrias culturales; y,
  • Pluralidad étnica y cultural de la Nación.

El Proyecto se regirá bajo los parámetros establecidos por el Ministerio de Cultura  para así preservar los componentes que lo constituyen, para ello contamos con el apoyo de instituciones como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), entre otros. 

3.1.9 Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA)

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es el órgano rector y normativo a nivel nacional de la actividad ferroviaria de su competencia; no obstante en el caso del proyecto; el órgano promotor del ferrocarril es el GOREL a través de OPIPP. 

Este proyecto se desarrolla bajo la supervisión del GOREL, no obstante, se atiende al cumplimiento de todos los requisitos establecidos en los acápites y lineamientos formulados por el MTC y por la DGASA para ejecutar proyectos de esta envergadura (los propios Términos de Referencia (TDR) elaborados por OPIPP para el concurso se ajustan a los manuales en cuanto a contenido del EIS y a procedimientos del MTC. Los criterios aplicados en el desarrollo del EIA atienden a los habitualmente requeridos por los dos organismos citados: MTC y DGASA.

Por otro lado, los redactores del presente estudio están inscritos en el registro de personas y entidades autorizadas por este organismo, MTC, para realizar EIA de infraestructuras, requisito igualmente incluido en los citados TDR. 

3.2 Normativa Ambiental General

3.2.1 Constitución Política del Perú (1993)

Entró en vigencia el 29 de Diciembre de 1993; en el título primero, capitulo primero, artículo segundo e inciso segundo, se menciona “Toda persona tiene derecho: a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”. Este inciso hace referencia  a la importancia del ambiente como entorno necesario de la vida humana, el cual es indispensable para el disfrute y libre desarrollo, por ello, el fin del Estado es  promover el bienestar general brindando un ámbito de desarrollo para las personas con óptimas condiciones, donde puedan disfrutar de sus recursos naturales y pueden satisfacer sus necesidades vitales promoviendo la conciencia y responsabilidad ambiental.

También en el Título tercero, capítulo segundo, artículo 66° se señala lo siguiente: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal”.  Además, en el artículo 68° se menciona “El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.” Y en el artículo 69° “El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada”.

Este hecho refleja que el Estado debe conocer sus recursos para establecer previamente la razonabilidad de su uso y no puedan existir medidas desproporcionadas originando daños irreversibles. 

En el mismo título, capítulo tercero, artículo 70° señala “El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio”. Si bien es cierto el derecho a la propiedad es un derecho real que faculta a su titular a ejercer plenamente todas las facultades o atributos sobre el bien. Sin embargo, cuando se requiere desarrollar proyectos de interés nacional, declarados por Ley, éstos podrán expropiar propiedades para su ejecución; para lo cual, se deberán indemnizar previamente a las personas y familias que resulten afectadas.

3.2.2 Ley Nº 27293: Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública

Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de junio de 2000. Está ley establece parámetros de observancia y cumplimiento obligatorio para todos los niveles de gobierno en el cuál las entidades estatales encargadas de ejecutar proyectos de inversión pública, deben aplicar una serie de principios, procesos, metodologías y normas técnicas que permitan optimizar el uso de éstos recursos.  El artículo 5° señala los objetivos del Sistema Nacional de Inversión Pública:

“a. Propiciar la aplicación del Ciclo del Proyecto de Inversión Pública: perfil prefactibilidad – factibilidad expediente técnico – ejecución – evaluación ex – post. 

  • Fortalecer la capacidad de planeación del Sector Público. 
  • Crear las condiciones para la elaboración de Planes de Inversión Pública por períodos multianuales no menores de 3 (tres) años.”

3.2.3 Decreto Supremo N° 102-2007-EF: Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública

Fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de julio del 2007. Se aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, de conformidad con la Ley N° 27293, el cual contiene las disposiciones aplicables a los proyectos de inversión pública, entendidos como la intervención temporal que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios, cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto. Además, en su artículo 1° se establece el ámbito de aplicación que regirá la norma:

“1.1. De acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 27293, modificada por las Leyes N°

28522 y 28802, en adelante la Ley, se sujetan a lo dispuesto en el presente

Reglamento y a las Directivas que la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público emita a su amparo, todas las Entidades y Empresas del Sector Público No Financiero de los tres niveles de gobierno que ejecuten Proyectos de Inversión Pública. 

1.2. En el caso de los Gobiernos Locales, las normas del Sistema Nacional de

Inversión Pública, solamente son aplicables a aquellos incorporados a este Sistema. 

1.3. En ese marco, toda referencia genérica a Entidades, en el presente  Reglamento y las Resoluciones y Directivas que se expidan a su amparo, se entenderá referida a las Entidades y Empresas del Sector Público No Financiero de los tres niveles de gobierno, independientemente de su denominación y oportunidad de creación.”

3.2.4 Ley Nº 27783: Ley de Bases de la Descentralización

Esta ley fue publicada el 14 de Junio del 2011, el objeto de esta ley tal como lo menciona en el artículo 1° “La presente Ley orgánica desarrolla el Capítulo de la Constitución Política sobre Descentralización, que  regula la estructura y organización del Estado en forma democrática, descentralizada y desconcentrada, correspondiente al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Asimismo define las normas que regulan la descentralización administrativa, económica, productiva, financiera, tributaria y fiscal”. Y en su artículo 2°: “Establece la finalidad, principios, objetivos y criterios generales del proceso de descentralización”; regula la conformación de las regiones y municipalidades; fija las competencias de los tres niveles de gobierno y determina los bienes y recursos de los gobiernos regionales y locales; y, regula las relaciones de gobierno en sus distintos niveles”. En el artículo 6° “se menciona los objetivos que debería cumplir la descentralización en sus diversos aspectos”. A continuación señalaremos los objetivos a nivel social y ambiental:

Objetivos a Nivel Social:

  1. Educación y capacitación orientadas a forjar un capital humano.
  2. Participación ciudadana en todas sus formas de organización y control social.
  3. Incorporar la participación de las comunidades campesinas y nativas, reconociendo la interculturalidad, y superando toda clase de exclusión y discriminación.
  4. Promover el desarrollo humano y la mejora progresiva y sostenida de las condiciones de vida de la población para la superación de la pobreza.

Objetivos a Nivel Ambiental:

  1. Ordenamiento territorial y del entorno ambiental, desde los enfoques de la sostenibilidad del desarrollo.
  2. Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental.
  3. Coordinación y concertación interinstitucional y participación ciudadana en todos los niveles del Sistema Nacional de Gestión Ambiental”.

Además se establecen las competencias exclusivas para los gobiernos regionales, como el de promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizando mercados y rentabilizando actividades.

3.2.5 Ley Nº 27867: Ley Orgánica de Gobiernos Regionales  

Publicada el 16 de noviembre del 2002, conforme  a lo establecido en el ámbito de descentralización, la misión que le compete en este caso al GOREL en el proyecto, conforme a la presente ley, es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región. Considerando que una de las funciones del gobierno regional es velar por su desarrollo, en el Artículo 6° se especifica que “El desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres en igualdad de oportunidades”.

Por lo expuesto, el GOREL se encarga de velar por la adecuada distribución y regulación de recursos en su ámbito regional para poder contribuir con el desarrollo social y bienestar de los pobladores, esta es una de las competencias que se le atribuye en su ámbito de gestión, la cual es regida por el Plan de Desarrollo Regional Concertado de mediano y largo plazo, así como el Plan Anual y el Presupuesto Participativo Regional, aprobados por Ordenanza Regional de conformidad con políticas nacionales y en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente. Los gobiernos regionales promueven y apoyan las iniciativas de conectividad e intercambio de información y experiencias de gobierno valiosas para la gestión, entre los gobiernos regionales y entre éstos el gobierno nacional y gobiernos locales, haciendo uso de las herramientas tecnológicas disponibles.

“Artículo 56.- Funciones en materia de transportes

  1. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los  planes y políticas en materia de transportes de la región, de conformidad con las políticas nacionales y los planes sectoriales.
  2. Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial regional, no comprendida en el Red Vial Nacional o Rural, debidamente priorizada dentro de los planes de desarrollo regional. Asimismo promover la inversión privada, nacional y extranjera en proyectos de infraestructura de transporte.
  3. Supervisar y fiscalizar la gestión de actividades de infraestructura de transporte vial de alcance regional.
  4. Autorizar, supervisar, fiscalizar y controlar la prestación de servicios de transporte interprovincial dentro del ámbito regional en coordinación con los gobiernos locales.
  5. Regular, supervisar y controlar el proceso de otorgamiento de licencias  de conducir, de acuerdo a la normatividad vigente”.

3.2.6 Texto Único de Procedimientos Administrativos del Gobierno Regional de Loreto –  Ordenanza Regional Nº 009 – 2007 – GRL – CR

En la Ordenanza Regional se establece el procedimiento que se debe cumplir para la obtención de la autorización y poder realizar estudios e investigaciones para el desarrollo de actividades productivas distintas a la forestal, en áreas conformantes del Patrimonio Forestal Nacional por un periodo de hasta un año.

3.2.7 Ley N°27972: Ley Orgánica de Municipalidades

Fue publicada el 26 de Mayo del 2003 con la finalidad de descentralizar el poder estatal, para brindar mejores servicios públicos a los ciudadanos. En el Título Preliminar en su artículo X, se refiere a la Promoción del Desarrollo Integral: “Los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La promoción del desarrollo local es permanente e integral. Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida”. Por otro lado, en el Título V sobre las competencias y funciones de los gobiernos locales, en su capítulo II que trata de las competencias y funciones específicas, en su artículo 79 inciso 3.1 se refiere “autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que afecten o utilicen la vía pública o zonas aéreas, así mismo como sus modificaciones, previo cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental”.

Para la ejecución del proyecto “Construcción del Ferrocarril Interoceánico Norte: Yurimaguas – Iquitos” se necesitará solicitar autorizaciones que se coordinarán con las municipalidades involucradas.

3.2.8 Ley Nº 27791: Ley De Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

La presente ley publicada en junio del 2009, regula el ámbito, estructura orgánica básica, competencia y funciones del MTC, en el cuál en su artículo 4 se menciona entre sus funciones:

  1. “Diseñar, normar y ejecutar la política de promoción y desarrollo en materia de Transportes y Comunicaciones.
  2. Formular los planes nacionales sectoriales de desarrollo.
  3. Fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco normativo relacionado con su ámbito de competencia.
  4. Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y concesiones.
  5. Orientar en el ámbito de su competencia el funcionamiento de los Organismos Públicos Descentralizados, Comisiones Sectoriales, Multisectoriales y Proyectos.
  6. Planificar, promover y administrar la provisión y prestación de servicios públicos, de acuerdo a las leyes de la materia.
  7. El Ministerio podrá cumplir funciones ejecutivas en cualquier lugar del país directamente mediante oficinas descentralizadas o proyectos, respecto a las actividades que se señale expresamente por el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).”

Y en su artículo 5 “sobre su estructura orgánica básica a lo que respecta a sector de proyectos en su inciso d) está comprendido por el Proyecto Especial de Infraestructura del Transporte Nacional – Pro Vías Nacional, Proyecto Especial de

Infraestructura del Transporte Rural – Pro Vías Rural- y el Proyecto Especial de

Infraestructura de Transporte Departamental – PEITD.”

3.2.9 Ley N°28296: Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación

Esta  ley tiene por objeto establecer políticas nacionales de defensa, protección, promoción, propiedad, régimen legal  y el destino de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación. En el Título preliminar en su artículo V, cuando se refiere al deber de protección señala que: “Los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición privada o pública, están protegidos por el Estado y sujetos al régimen específico regulado en la presente Ley. El Estado, los titulares de derechos sobre bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y la ciudadanía en general tienen la responsabilidad común de cumplir y vincular el debido cumplimiento del régimen legal establecido en la presente Ley. 

El Estado promoverá la participación activa del sector privado en cuanto a  la conservación, restauración, exhibición y difusión de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y su restitución en los  casos de exportación ilegal o cuando se haya vencido el plazo de permanencia fuera del país otorgado por el Estado”.

3.2.10 Resolución Suprema N°004-2000-ED: Reglamento de Investigación Arqueológica del Instituto Nacional de Cultura (INC)

El INC es el organismo central y responsable de la promoción y desarrollo de las manifestaciones culturales del país y de la conservación del patrimonio cultural de la Nación, en beneficio de esta conservación con esta resolución suprema publicada el 25 de Enero del 2001 se menciona de los parámetros del Certificado de Inexistencias de Restos Arqueológicos (CIRA) regulado en el capítulo VIII en su artículo 65° “Solo se expedirán Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos después de ejecutado el Proyecto de Evaluación Arqueológica de reconocimiento con o sin excavaciones, según sea el caso.

1. En el caso el área sea menor a 5 hectáreas, la supervisión podrá hacerla directamente la Dirección General de Patrimonio Arqueológico del Instituto Nacional de Cultura.2. En el caso que se superen los límites establecidos en el numeral 1, como son las líneas de transmisión eléctrica, tuberías, carreteras y otras obras semejantes, se requerirá de un proyecto presentado por un arqueólogo de acuerdo a las disposiciones contempladas en el Artículo 8º del presente Reglamento (sobre los proyectos de evaluación Arqueológica)”.

Para el caso del proyecto, se ha presentado el expediente para su  revisión y aprobación como proyecto de evaluación arqueológica (PEA) el 4 de Diciembre del 2012 y acogiéndose a la nueva normativa 060 y 054 se solicitó el CIRA obteniendo finalmente, por oficio N°197-2013-DRG-LOR/MC de 8 de julio de 2013, el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Regional de Cultura de

Loreto, remite el Certificado de inexistencia de Restos Arqueológicos (ClRA) N’2013-024.

3.2.11 Decreto Supremo Nº 011-2006-ED: Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación

Este Decreto Supremo en referencia fue publicado en la edición del 1 de junio de 2006. Tal como se menciona en el Anexo del Reglamento en su artículo 1° ”El presente reglamento tiene como finalidad normar la identificación, registro, inventario, declaración, defensa, protección, promoción, restauración, investigación, conservación, puesta en valor, difusión y restitución, así como la propiedad y régimen legal, de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Nación; en concordancia con las normas y principios establecidos en la Ley Nº 28296 – Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación”. 

Con este decreto se toman las medidas preventivas para preservar y llevar un control a través del registro de las propiedades consideradas Patrimonio Cultural de la Nación.

3.2.12 Decreto Supremo N° 054-2013 – PCM: Aprueba Disposiciones Especiales para Ejecución de Procedimientos Administrativos

Este decreto de reciente publicación no ha sido aún desarrollado en cuanto a su aplicación, por lo que no tiene aplicación directa sobre el proyecto. No obstante, conocida su reciente aprobación se considera oportuno comentar su contenido. 

El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA será dirigido hacia la Dirección Regional de Cultura según corresponda, una vez presentada la solicitud de CIRA, deberá ser emitido por la Dirección Regional de Cultura en un plazo no mayor a 20 días hábiles siguientes, sujeto a silencio administrativo positivo.

Una vez emitido el CIRA el titular del proyecto deberá presentar un Plan de

Monitoreo Arqueológico elaborado por un profesional inscrito en el Registro

Nacional de Arqueólogos Profesionales, el cual deberá ser aprobado por la

Dirección Regional de Cultura o Dirección de Arqueología en un plazo no mayor a 10 días hábiles, caso contrario se dará por aprobado el Plan de Monitoreo presentado.

En caso sea necesario modificar componentes auxiliares o hacer modificaciones en proyectos de inversión con certificación ambiental aprobada y estas modificaciones no tienen un impacto ambiental significativo no será necesaria la modificación del instrumento de gestión ambiental. El titular del proyecto está obligado a hacer un informe técnico sustentando estar en dicho supuesto ante la autoridad sectorial ambiental competente antes de su implementación. Dicha autoridad emitirá su conformidad en el plazo máximo de 15 días hábiles. En el caso que la actividad propuesta modifique considerablemente aspectos tales como, la magnitud o duración de los impactos ambientales del proyecto o de las medidas de mitigación o recuperación aprobadas dichas modificaciones se deberán evaluar a través del procedimiento de modificación.

La tercera disposición complementaria referida a Áreas con CIRA preexistente, las áreas que ya cuenten con CIRA preexistente será solamente necesario la presentación del Plan de Monitoreo Arqueológico.

3.2.13 Decreto Supremo N° 060-2013 – PCM: Aprueba Disposiciones

Especiales para la Ejecución de Procedimientos Administrativos y

Otras Medidas para Impulsar Proyectos de Inversión Pública y Privada

Decreto publicado recientemente donde indica que el Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales deben ejecutar proyectos de inversión en materia de construcción y mejoramiento de carreteras, infraestructura educativa, infraestructura de salud, saneamiento, masificación de gas, electrificación rural, pequeñas y medianas irrigaciones, industria, comercio y pesquería para reducir los índices de pobreza  y marginalidad existentes en las zonas bajo su ámbito, y lograr un mayor dinamismo en la economía.

Así mismo el Estado a través de sus distintos niveles de Gobierno, promueve la participación de la inversión privada directa; así como también promueve las Asociaciones Público Privadas para el desarrollo de infraestructura pública y de servicios públicos, bajo los mecanismos y procedimientos establecidos en la normativa vigente.

Este decreto tiene por objetivo la aprobación de las disposiciones especiales para agilizar la ejecución de proyectos de inversión pública y privada.

3.2.14 Decreto Supremo Nº 009-2009 – ED: Modificatoria del Reglamento de la

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación

Mediante este decreto supremodel 19 de agosto de 2009, se modificó los plazos para la expedición de los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). A continuación va la glosa de la norma modificatoria. 

En la elaboración de los Proyectos de Evaluación Arqueológica para el desarrollo de proyectos de inversión de obras públicas y privadas no se requiere autorización del Instituto Nacional de Cultura. Además, cuando nos referimos a la aprobación de los informes finales de estos proyectos por la Comisión Nacional Técnica de Arqueología se debe realizar en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles, contados desde su recepción por el Instituto Nacional de Cultura. Transcurrido dicho plazo sin que exista un pronunciamiento de la entidad, se aplicará el silencio administrativo positivo a la aprobación del Informe Final del Proyecto de Evaluación Arqueológica, quedando autorizado el titular del proyecto a iniciar la tramitación del Certificado de Inexistencia de restos Arqueológicos; en caso de existir observaciones al citado Informe Final, el titular del proyecto tendrá un plazo no mayor de cinco (5) días calendario para subsanarlas, de lo contrario se incurre en abandono.

Por otro lado, en el artículo 3º sobre el plazo para expedir la Certificación de

Inexistencia               de                  restos                 Arqueológicos,                  señala:

“El plazo para expedir el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) para el desarrollo de proyectos de inversión y obras públicas y privadas no será mayor de diez (10) días calendarios contados desde la fecha de presentación de la solicitud en la dependencia competente del Instituto Nacional de Cultura. Transcurrido dicho plazo sin que exista un pronunciamiento de la entidad, el titular del proyecto queda autorizado a iniciar las obras y actividades, sin perjuicio de los demás título habilitantes que sean aplicables de acuerdo al sector correspondiente”.

3.2.15 Resolución Ministerial Nº 116-2003-MTC-02: Crean el Registro de

Entidades Autorizadas Para la Elaboración de Estudios de Impacto

Ambiental en el Subsector Transportes

Conforme a la legislación del sector, se crea este registro promulgado por resolución ministerial el 17 de febrero del 2003 con la finalidad de ejercer su papel fiscalizador. En el artículo 1 el objeto es “Crear el Registro de Entidades autorizadas para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en el Subsector Transportes”. Y en Artículo 2 designa a “La Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones como la encargada de la conducción del Registro a que se refiere el Artículo 1 de la presente Resolución, estando autorizada a emitir las disposiciones necesarias para su adecuado funcionamiento”.

3.2.16 Resolución Directoral Nº 063-2007-MTC/16. Aprueban Reglamento para la Inscripción en el Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental en el Subsector Transportes

Publicada el 9 de Julio del 2007, donde se deja constancia en su artículo 1, la aprobación del Reglamento para la Inscripción en el Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental en el Subsector Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con respecto a los parámetros del Reglamento para la inscripción en el registro de entidades autorizadas para la elaboración de estudios de impacto Ambiental en el subsector transporte establece en el artículo 1, los requisitos para la Inscripción en el Registro. El proceso de Inscripción en el Registro de Entidades Autorizadas del Subsector Transportes para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, el cual se inicia con la presentación de la respectiva solicitud dirigida a la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales, debidamente suscrita por el representante legal de la entidad, ante la mesa de partes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y en el artículo 5 sobre Evaluación Legal y

Técnica, donde se señala a  la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales efectuar la evaluación legal y técnica correspondiente de los datos consignados en el expediente, la cual podrá incluir una visita al domicilio legal consignado por la Entidad. 

Consultoría Carranza cuenta con la inscripción al MTC con la R.D. N°091-2012-

MTC/16 del 13 de Abril del 2012. (Ver Anexo B)

3.2.17 Ley 28611: Ley General del Ambiente

Esta ley fue publicada el 15 de Octubre del 2005 y establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, tal como se plasma en los siguientes artículos del título preliminar sobre derechos y principios.

En el artículo I, Derecho y Deber Fundamental: “Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país”. 

En el artículo II, Del Derecho de Acceso a la Información: se menciona que “Toda persona tiene el derecho a acceder adecuada y oportunamente a la información pública sobre las políticas, normas, medidas, obras y actividades que pudieran afectar directa o indirectamente el ambiente, sin necesidad de invocar justificación o interés que motive tal requerimiento.

Toda persona está obligada a proporcionar adecuada y oportunamente a las autoridades la información que estas requieran para una efectiva gestión ambiental, conforme a ley”. Finalmente se menciona el establecimiento de un régimen de responsabilidad por el daño ambiental, en su artículo IX, “El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes sea una persona natural o jurídica, pública o privada, está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o reparación según corresponda o, cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en términos ambientales los daños generados, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar”.

3.2.18 Decreto Legislativo Nº 1013  que aprueba la Ley de Creación,

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente

El 14 de Mayo del 2008 se publicó este decreto para complementar lo dispuesto en la Ley 28611: Ley General del Ambiente. Conforme el artículo 3; el Ministerio del Ambiente tiene por objeto “La conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral social, económico y cultural de la persona humana, en permanente armonía con su entorno, y así asegurar a las presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida”.

Dentro de sus objetivos específicos tenemos, según el artículo 3.2:

  1. Asegurar el cumplimiento del mandato constitucional sobre la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas y el desarrollo sostenible de la Amazonía.
  2. Asegurar la prevención de la degradación del ambiente y de los recursos naturales y revertir los procesos negativos que los afectan.
  3. Promover la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible.
  4. Contribuir a la competitividad del país a través de un desempeño ambiental eficiente.
  5. Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales.
  6. Los objetivos de sus organismos públicos adscritos, definidos por las respectivas normas de creación y otras complementarias.

Conforme a su ámbito de competencia, en el artículo 4 se establece:

  • “El Ministerio del Ambiente es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental, que desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la política nacional del ambiente. Asimismo, cumple la función de promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas.
    • La actividad del Ministerio del Ambiente comprende las acciones técniconormativas de alcance nacional en materia de regulación ambiental, entendiéndose como tal el establecimiento de la política, la normatividad específica, la fiscalización, el control y la potestad sancionadora por el incumplimiento de las normas ambientales en el ámbito de su competencia, la misma que puede ser ejercida a través de sus organismos públicos correspondientes”.

3.2.19 Ley Nº 27446: Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto

Ambiental 

Fue publicada el 23 de Abril de 2001, con la finalidad de contribuir con el rol de fiscalización y control en instrumentos de gestión ambiental. En el artículo 1 se menciona la finalidad de esta ley:

  1. La creación del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), como un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión.
  2. El establecimiento de un proceso uniforme que comprenda los requerimientos, etapas, y alcances de las evaluaciones del impacto ambiental de proyectos de inversión.
  3. El establecimiento de los mecanismos que aseguren la participación ciudadana en el proceso de evaluación de impacto ambiental”.

3.2.20 Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM: Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley de Sistema Nacional de Evaluación de Impacto

Ambiental

El presente reglamento entró en vigencia  el 25 de Setiembre del 2009, tiene por objeto complementar las normas establecidas en la ley con otras entidades multisectoriales que puedan aportar en su regulación. En el artículo 1 se menciona su objeto, “Lograr la efectiva identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio de proyectos de inversión, así  como de las políticas, planes y programas públicos, a través del establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental –SEIA”. Y en el Artículo 11° complementando a la Ley señala los instrumentos de Gestión ambiental Estudios Ambientales de aplicación del SEIA son: a) La Declaración de Impacto Ambiental – DIA (Categoría I),b) El Estudio de Impacto Ambiental

Semidetallado – EIA-sd (Categoría II), c) El Estudio de Impacto Ambiental Detallado – EIA-d (categoría III), d) La Evaluación Ambiental Estratégica –EAE. 

Entiéndase para efectos del presente Reglamento, que las referencias a los estudios ambientales o los instrumentos de gestión ambiental comprenden indistintamente los señalados en este numeral”.

3.2.21 Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM.- Aprueban Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA.

El 21 de julio del 2011 se publica en el diario El Peruano la primera actualización del listado de inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA, considerados en el anexo II del Reglamento de la Ley N° 27446, aprobado mediante Decreto Supremo N°0192009- MINAM. Con este nuevo aporte se pretende organizar mejor los proyectos a través de los sectores, sus ministerios y las relaciones que tenga con sus determinados gobiernos ya sea regional o  local.

3.2.22 Decreto Legislativo Nº 1078.- Modifica la Ley Nº 27446 “Ley del

Sistema  Nacional de Evaluación  de Impacto Ambiental”

Publicado el 27 de junio del 2008, establece en su artículo 18. 1° que corresponde a las autoridades  regionales y locales, emitir la certificación ambiental de los proyectos que dentro del marco del proceso de descentralización resulte de su competencia.

3.2.23 Ley Nº 28245: Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA)

Publicada el 4 de Junio del 2004, corresponde analizarla con el D. S. N° 0082005-PCM – Reglamento de la Ley Nº 28245 Publicada el 28 de enero de 2005. El fin que se busca alcanzar con esta ley es asegurar el eficaz cumplimiento de los objetivos ambientales de las entidades públicas; fortalecer los mecanismos de transectorialidad en la gestión ambiental, el rol que le corresponde al Ministerio del Ambiente – MINAM, y a las entidades sectoriales, regionales y locales en el ejercicio de sus atribuciones ambientales a fin de garantizar que cumplan con sus funciones y de asegurar que se evite en el ejercicio de ellas superposiciones, omisiones, duplicidad, vacíos o conflictos.

El Sistema Nacional de Gestión Ambiental se constituye sobre la base de las instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos ministerios, organismos públicos descentralizados e instituciones públicas a nivel nacional, regional y local que ejerzan competencias y funciones sobre el ambiente y los recursos naturales; así como por los Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental, contando con la participación del sector privado y la sociedad civil.

3.2.24 Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM: Aprueban Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA)

El 28 de enero del 2005 fue publicado en el diario “El Peruano” el reglamento de la Ley Nº 28245 con la finalidad de fortalecer la institucionalidad ambiental en el país. Para ello, lo que promueve el presente reglamento es fomentar la coordinación entre las entidades públicas responsables de la gestión ambiental en los niveles de gobierno nacional, regional y local, así como propiciar la participación del sector privado y la sociedad civil, siendo el Sistema Nacional de Gestión Ambiental una herramienta fundamental para el logro de esos fines.

3.2.25 Ley N°29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Publicada el 20 de Agosto del 2011, su principal fin es generar una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. 

En el título I. Artículo 2° sobre el ámbito de aplicación indica lo siguiente: “La presente Ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios, comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú y trabajadores por cuenta propia”. Y en el título IV artículo 17° sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, “El empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y la legislación vigente”. 

3.2.26 Decreto Supremo N°005-2012 TR Reglamento de la Ley N°  29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Fue publicado el 25 de abril del 2012 con el objeto de promover una cultura de prevención de riesgos laborales, involucrando la participación de los trabajadores, empleadores y el Estado, además de incorporar como actor coadyuvante aparte de los mencionados a las organizaciones sindicales. A continuación de los aportes complementarios, en el título I artículo 2: se indica “En aplicación del principio de prevención, se entienden incluidos dentro del ámbito de aplicación a que se refiere el artículo N°2 de la Ley, a toda persona bajo modalidad formativa y a los trabajadores autónomos. También se incluye a todo aquel que, sin prestar servicios, se encuentre dentro del lugar de trabajo, en lo que les resulte aplicable”.  

3.2.27 Decreto Supremo N°015-2005-SA: Aprueban Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo

Los valores límites permisibles se establecen para proteger la salud de los trabajadores de toda actividad ocupacional y a su descendencia, mediante la evaluación cuantitativa y para el control de riesgos inherentes a la exposición, principalmente por inhalación, de agentes químicos presentes en los puestos de trabajo.

Los valores límite permisibles, constituyen valores de referencia; no representan una barrera definida de separación entre situaciones seguras y peligrosas y se establecen para su aplicación exclusiva en la práctica de la Higiene Ocupacional y no podrá aplicarse para la evaluación de la contaminación medioambiental de una población, contaminación del agua o alimentos, estimación de índices relativos de toxicidad de los agentes químicos o como prueba del origen, laboral o no, de una enfermedad o estado físico existente.  

3.2.28 Resolución Ministerial N°375-2008-TR: Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico

Fue publicada el 30 de noviembre del 2008, con el fin de aprobar la “Norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico”, especificando que la autoridad administrativa de trabajo es responsable de velar por el cumplimiento de la norma.

En esta norma específica el siguiente contenido, a tomar en cuenta por las empresas, importante cumplimiento en el proyecto de parte de la empresa que se encargara en la construcción, los trabajadores y el beneficio para ellos.

  • Manipulación manual de carga
  • Carga limite recomendad
  • Posicionamiento postural en los puestos de trabajo
  • Equipos y herramientas en los puestos de trabajo
  • Condiciones ambientales de trabajo
  • Organización del trabajo
  • Procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico
  • Matriz de identificación de riesgos disergonómico

3.2.29 Decreto Supremo Nº 019-71-IN: Reglamento de Control de Explosivos de Uso Civil

Con respecto a las normas para la ejecución de obras se deben tomar medidas de seguridad no solo para los riesgos de la actividad sino conforme a preservar los derechos fundamentales de los seres humanos ya sean como trabajadores o personas que se encuentran en el entorno de la manipulación de explosivos; por ello se publicaron sobre el control de explosivos y su uso el 27 de agosto de 1971 determinadas consideraciones. En el capítulo IV establecen las medidas de seguridad para la manipulación de explosivos. Respecto a la protección del personal y las instrucciones sobre riesgos, en su artículo 45º se indica, “La empresa industrial es responsable de la provisión y conservación de los locales de trabajo, asegurando que estén construidos, equipados y que las operaciones estén dirigidas de manera que suministren adecuada protección a sus trabajadores. Igualmente la empresa es responsable de la instrucción a su personal acerca de los riesgos inherentes a las operaciones, procesos y a la naturaleza de las sustancias que manipulen”. En el capítulo V sobre Almacenaje en el tema de Polvorines, en el artículo 59º se señala que “El almacenaje de explosivos se hará en polvorines que se ajusten a las características y requisitos establecidos en el presente Reglamento. Los cartuchos de caza, luces de bengala y artificios pirotécnicos deberán almacenarse en diferente depósito que la pólvora negra”. Y en su artículo 71° señala, “Los polvorines deben contar con los siguientes requisitos:

  1. Que su ubicación y construcción eviten posibilidades de siniestro.
  2. Asegurar que los explosivos estén en un ambiente seco y ventilado.
  3. Asegurar que los explosivos no estén expuestos a cambios bruscos de temperatura.
  4. Evitar las sustracciones”.

3.2.30 Ley Nº 27628: Ley que Facilita la Ejecución de Obras Públicas Viales

El Estado considera viable los proyectos viales debido a que significan mejoras que benefician a los ciudadanos en su desplazamiento, además de proporcionarles conectividad entre un lugar a otro se les brinda otras oportunidades de desarrollo a la sociedad.

La ley fue publicada el 29 de abril del 2006, donde menciona en su artículo 1° el procedimiento de adquisición cuando hay un bien afectado, “La adquisición de inmuebles afectados por trazos en vías públicas se realizará por trato directo entre la entidad ejecutora y los propietarios, o conforme al procedimiento establecido en la Ley General de Expropiaciones”

Y a su vez en el artículo 2° se refiere al valor de la tasación, “El valor de tasación para la adquisición de inmuebles por trato directo afectados por trazos en vías públicas será fijado por el Consejo Nacional de Tasaciones – CONATA, sobre la base del valor comercial actualizado de los mismos, que será aprobada mediante resolución ministerial del Sector Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción o por decreto de Alcaldía emitido por la Municipalidad Provincial, según corresponda al caso”.

3.2.31 Decreto Ley Nº 20081: Dictan Disposiciones Sobre Inmuebles

Afectados por Trazos en Vías Públicas

Frente a la dicotomía del perjuicio de los derechos de los propietarios, de los inmuebles y la implementación de un beneficio a la comunidad, lo que se trata es de establecer medidas que preserven el bien común y se desarrollen en un ámbito acorde para todos, siguiendo esta finalidad se establece la disposición de este decreto que entró en vigencia el 29 de diciembre del 2008, el cual menciona en su artículo 1° que “Los propietarios de inmuebles afectados por el trazo de una obra pública vial, no podrán transferirse el dominio, convenir gravámenes, efectuar construcciones o plantaciones de especies arbóreas, que incluyan o interesen a la parte de sus predios definida como necesaria para ubicar la faja de dominio o derecho de vía, una vez que sean notificados notarialmente por la entidad ejecutora. La prohibición sobre transferencia de dominio no comprende las que se efectúen en aplicación de la legislación sobre Reforma Agraria”. 

En el artículo 3°, que “La faja de dominio o derecho de vía, comprende el área de terreno en que se encuentra la carretera y sus obras complementarias, los servicios y zona de seguridad para los usuarios y las previsiones para futuras obras de ensanche y mejoramiento” y el artículo 5° hace referencia a la necesidad de la adquisición de determinados inmuebles, “La adquisición de los inmuebles que sean necesarios para el derecho de vía, podrá efectuarse por trato directo entre la entidad ejecutora y los propietarios, sobre la base de un precio no mayor al fijado por los peritos oficiales, mediante Resolución Suprema; o conforme a las normas vigentes sobre expropiación forzosa”.

3.2.32 Ley N°28221: Ley que Regula el Derecho por Extracción de Materiales de los Álveos o Cauces de los Ríos por las Municipalidades

Conforme a lo mencionado anteriormente sobre el papel fiscalizador de las municipalidades se publica esta ley el 11 de mayo del 2004 con la finalidad de tomar medidas más específicas con respecto a esta materia. En su artículo 1° señala que “Las Municipalidades Distritales y las Municipalidades Provinciales en su jurisdicción, son competentes para autorizar la extracción de materiales que acarrean y depositan las aguas en los álveos o cauces de los ríos y para el cobro de los derechos que correspondan…”, está norma va acorde en aplicación de la ley 27972. 

Y en su artículo 2° señala que “Para efectos de la presente Ley se entiende por materiales que acarrean y depositan las aguas en los álveos o cauces de los ríos a los minerales no metálicos que se utilizan con fines de construcción, tales como los limos, arcillas, arenas, grava, guijarros, cantos rodados, bloques o bolones, entre otros”. 

Las actividades del proyecto en la fase constructiva requerirán de la utilización de material no metálico, por lo que se designarán zonas de préstamos en determinados ríos. Conforme lo señala la presente ley se actuará aplicando medidas de prevención para evitar alguna afectación y se procederá a solicitar la autorización respectiva con anterioridad a su uso.

3.2.33 Decreto Supremo N°037-96-EM de Aprovechamiento de Canteras de

Materiales de Construcción

Decreto publicado el 25 de octubre de 1996 con la finalidad de establecer normas para el aprovechamiento de canteras de materiales de construcción que se utilizan en obras de infraestructura que desarrolla el Estado.

En su artículo 1° se menciona “Declárase que las canteras de materiales de construcción utilizadas exclusivamente para la construcción, rehabilitación o mantenimiento de obras de infraestructura que desarrollan las entidades del Estado directamente o por contrata, ubicadas dentro de un radio de veinte kilómetros de la obra, o dentro de una distancia de hasta seis kilómetros medidos a cada lado del eje longitudinal de las obras, se afectarán a éstas durante su ejecución y formarán parte integrante de dicha infraestructura”.

En el caso del proyecto se plantea el uso de canteras en activo para la obra. 

3.2.34 Decreto Supremo Nº 032-2005-MTC: Reglamento Nacional de

Ferrocarriles

Fue publicado el 5 de enero del 2006, con la finalidad de establecer normas generales a las que se sujeta la actividad ferroviaria, en el marco de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre Nº 27181, y es de aplicación en todo el territorio de la República. En el artículo 2° con respecto al alcance enuncia que “Toda persona, natural o jurídica, que realice alguna actividad ferroviaria u otra vinculada directa o indirectamente a ella, deberá cumplir las disposiciones del presente Reglamento, en lo que le sea aplicable.

En el artículo 6° se clasifican las vías férreas por el ámbito territorial, por la titularidad de la vía y por la máxima velocidad de operación permisible,  en el artículo 7° se señala a las autoridades competentes en la actividad ferroviaria. 

Además en el artículo 10° se enuncia las competencias de los Gobiernos  Regionales, reconociéndolas como “Autoridades competentes en el ámbito de su jurisdicción  en materia de transportes relacionada con la actividad ferroviaria, de acuerdo con las competencias y funciones definidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales”.

Las normas que emitan los Gobiernos Regionales deberán  sujetarse al presente

Reglamento y a las normas que emita  el Ministerio de Transportes y Comunicaciones”. En el artículo 19°, se menciona, “Uso restringido de la zona de influencia del ferrocarril,  en el cual establece que sólo son permitidas las obras y actividades que se indican a continuación, a partir de las distancias, medidas desde el límite de la Zona del ferrocarril, que se señalan. 

a) Desde el  Límite de la zona del ferrocarril: 

  • Construir muros, cercos o edificaciones, de altura no mayor de 2.50 m., sin salida  hacia la vía férrea y de material no inflamable.
  • Construir vías públicas.
  • Hacer zanjas o canales hasta de 3 m. de profundidad, siempre que no comprometan la estabilidad de la vía férrea. 
  • Colocar postes o torres. 
  • Construir y colocar canaletas o tuberías elevadas. 
  • Realizar actividades agropecuarias, desde 10 m. del límite de la zona del ferrocarril:
  • Efectuar acopio de materiales, herramientas, equipos y productos relacionados con actividades agropecuarias. 
  • Plantar árboles. 
  • Construir muros, cercos o edificaciones hasta de 5 m. de altura con salida hacia la vía férrea. 

b) Desde 20 m. del límite de la zona del ferrocarril: 

Efectuar excavaciones con profundidad mayor de 3 m., siempre que no se utilicen explosivos ni se comprometa la estabilidad de la vía. 

c) Desde 100 m. del límite de la zona del ferrocarril: 

–        Sin restricciones”

3.2.35 Ley 26842: Ley General de Salud

Promulgada el 9 de julio de 1997, surge debido a que el derecho a la Salud forma parte indispensable del desarrollo humano. La protección a la salud es de interés público, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla, promoverla y defenderla frente a cualquier amenaza en la sociedad. En el titulo segundo de los deberes, restricciones y responsabilidades en consideración a la salud de terceros, menciona en su capítulo VIII De la protección del ambiente para la salud en sus artículos 103°, 104° y 105° la importancia y responsabilidad frente a los terceros. 

En el artículo 103° se indica “La protección del ambiente es responsabilidad del Estado y de las personas naturales y jurídicas, los que tienen la obligación de mantenerlo dentro de los estándares que, para preservar la salud de las personas, establece la Autoridad de Salud competente”. El artículo 104° señala “Toda persona natural o jurídica, está impedida de efectuar descargas de desechos o sustancias contaminantes en el agua, el aire o el suelo, sin haber adoptado las precauciones de depuración en la forma que señalan las normas sanitarias y de protección del ambiente”. 

En el artículo 105° se indica “Corresponde a la Autoridad de Salud competente, dictar las medidas necesarias para minimizar y controlar los riesgos para la salud de las personas derivados de elementos, factores y agentes ambientales, de conformidad con lo que establece, en cada caso, la ley de la materia”, y en el artículo 106° determina que “Cuando la contaminación del ambiente signifique riesgo o daño a la salud de las personas, la Autoridad de Salud de nivel nacional dictará las medidas de prevención y control indispensables para que cesen los actos o hechos que ocasionan”.

Dentro del marco señalado en la presente normativa, se tomarán las medidas  necesarias a fin de que las actividades que se realicen como parte del proyecto cumplan con lo señalado en los artículos que se hacen mención.

3.2.36 Decreto Legislativo N°635 Código Penal – Titulo XIII: Delitos contra la

Ecología

Publicado el 8 de abril de 1991 y modificado por la Ley Nº 29263 publicado el 1 de octubre de 2008, estableciendo en el título XIII del libro segundo, los Delitos Ambientales. A continuación, se mencionarán los artículos resaltantes del Decreto Legislativo y su concordancia con la modificatoria.

En el artículo 304°, Contaminación del medio ambiente. “El que, infringiendo las normas sobre protección del medio ambiente, lo contamina vertiendo residuos sólidos, líquidos, gaseosos o de cualquier otra naturaleza por encima de los límites establecidos, y que causen o puedan causar perjuicio o alteraciones en la flora, fauna y recursos hidrobiológicos, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de uno ni mayor de tres años o con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de un año o prestación de servicio comunitario de diez a treinta jornadas.”

En el artículo 307°, incumplimiento de las normas sanitarias, Desechos Industriales o Domésticos: “El que deposita, comercializa o vierte desechos industriales o domésticos en lugares no autorizados o sin cumplir con las normas sanitarias y de protección del medio ambiente”. Además, en el artículo 310°, Depredación de Bosques o Recursos Forestales Legalmente Protegidos: “El que destruye, quema, daña o tala, en todo o en parte, bosques u otras formaciones vegetales naturales o cultivadas que están legalmente protegidas”. En el artículo 311°, Uso de Tierras Agrícolas con Fines Urbanísticos: “El que utiliza tierras destinadas por autoridad competente al uso agrícola con fines de expansión urbana, de extracción o elaboración de materiales de construcción u otros usos específicos”; y en el artículo 313°, Daño al Ambiente Natural: “El que, contraviniendo las disposiciones de la autoridad competente, altera el ambiente natural o el paisaje urbano o rural, o modifica la flora o fauna, mediante la construcción de obras o tala de árboles que dañan la armonía de sus elementos”. 

Si no se llegase a respetar este conjunto de normas en el proyecto, pueden ser sentenciados por los Juzgados Penales de Loreto, si se comprobara alguna infracción el fiscal aperturará la formulación penal.

3.3 Legislación Ambiental Específica

3.3.1 Ley N°24656: Ley General de Comunidades Campesinas

Publicada el 14 de abril de 1987, conforme a la pluralidad cultural la  legislación cuenta con normas que protegen a las comunidades campesinas, estas están creadas conforme al derecho de las costumbres donde se respetan, preservan su ambiente y cultura, tal como se plasma en el Título I de las Disposiciones Generales. En su artículo 3, “Las Comunidades Campesinas en el desarrollo de su vida institucional se rigen por los principios siguientes:

  1. Igualdad de derechos y obligaciones de los comuneros.
  2. Defensa de los intereses comunes.
  3. Participación plena en la vida comunal.
  4. Solidaridad, reciprocidad y ayuda mutua entre todos sus miembros y
  5. La defensa del equilibrio ecológico, la preservación y el uso racional de los recursos naturales”.

3.3.2 Convenio 169 de la OIT- “Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y las  obligaciones”

Este Convenio entró en vigencia el 6 de septiembre de 1991 y se apoyó con la

Ley N° 29785 “Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios” reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El Convenio representa el único instrumento internacional vigente para dar curso de las demandas de los pueblos indígenas, este hecho les permite respetar su desarrollo cultural y su reconocimiento como pueblos ante el Estado y el respeto que ellos merecen con sus costumbres y las obligaciones que tienen el Estado frente al Pueblo Indígena.

Los sujetos de derechos reconocidos en este convenio son:

  1. Social, económica y culturalmente, diferentes al resto de la  población existente en un país.
  2. Se rigen parcial o totalmente por sus costumbres
  3. Habitan en dicho país desde la conquista, colonización o establecimiento de las fronteras estatales
  4. Conservan parte o todas sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, cualquiera que sea su situación jurídica.

3.3.3 Ley N°29785: Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas

Esta ley ha sido publicada el 06 de setiembre del 2011 y dispone la creación de una base de datos oficial de los pueblos indígenas u originarios, y siete etapas para el desarrollo del proceso de consulta. Las cuales están conformadas bajo la siguiente estructura:

Primero, identificar la medida legislativa o administrativa que debe ser objeto de consulta; segundo, identificar a los pueblos indígenas u originarios a ser consultados; tercero, publicitar la medida legislativa o administrativa; y cuarto, informar sobre sus alcances y aplicaciones. En quinto lugar, se debe evaluar de manera interna en las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas u originarios, sobre la medida legislativa o administrativa que les afecten directamente; y sexto, iniciar un proceso de diálogo entre el Estado y los pueblos. Y en sétimo lugar se debe adoptar la decisión, que corresponde a la entidad estatal competente. 

Por otro lado, con lo que respecta al acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas este debe ser de carácter obligatorio entre las partes y en caso no se llegara a un acuerdo las entidades estatales cumpliendo con su función deben actuar en favor de la comunidad tomando las medidas necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios.

3.3.4 Decreto Supremo 001-2012-MC: Reglamento de la Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

El presente reglamento fue publicado el 3 de abril del 2012 en el diario oficial El

Peruano. La obligación de consultar a los pueblos indígenas se origina del Convenio 169º de la OIT, en el cual el Estado peruano se compromete a respaldar y garantizar sus derechos colectivos. 

El Reglamento se aplicará a las medidas administrativas que dicte el Poder Ejecutivo a través de las distintas entidades y a las que aprueben los planes, programas y proyectos de desarrollo  que afecten a los pueblos indígenas. Según la norma señala que se debe consultar a aquellos pueblos indígenas cuyos derechos colectivos pueden verse afectados de forma directa por una medida legislativa o administrativa; y  los que se hallan dentro del ámbito geográfico donde se ejecutaría dicha medida. La consulta se realizará a través de sus organizaciones representativas. Para ello, es necesario que los pueblos nombren a sus representantes según sus usos, costumbres y normas propias. Adoptando estas medidas se protegerán los interés de las personas más vulnerables del sector y también contribuye para establecer un país con inclusión social haciéndolos parte de estos procesos.

El Reglamento señala 120 días calendario como plazo para realizar las etapas de publicidad, información, evaluación interna y diálogo para llevar acabo estos procesos. 

La construcción del ferrocarril interoceánico Norte: Yurimaguas – Iquitos debe seguir los lineamientos de socialización que promueve esta ley para la ejecución del proyecto preservando así el interés de la población y su bienestar.

3.3.5 Resolución Directoral Nº 006-2004-MTC/16: Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana D.G.A.S.A./MTC

Publicado el 16 de enero del 2004 con la finalidad de reconocer a los ciudadanos su participación en los diversos proyectos desarrollados por el Estado, dándoles opción a participar e informarse de estos proyectos, el objeto del presente reglamento en el artículo 1° señala lo siguiente, “La participación de las personas naturales, organizaciones sociales, titulares de proyectos de infraestructura de transportes, y autoridades, en el procedimiento por el cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, subsector Transporte, desarrolla actividades de información y diálogo con la población involucrada en proyectos de construcción, mantenimiento y rehabilitación; así como en el procedimiento de Declaración de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) y detallado (EIAd), con la finalidad de mejorar el proceso de toma de decisiones en relación a los proyectos. Es requisito para la aprobación de los EIAs, la aplicación de lo establecido en el presente reglamento”.

3.3.6 Resolución Directoral N° 030-2006-MTC/16: Guía metodológica de los procesos de Consulta y Participación Ciudadana en la Evaluación

Ambiental y Social en el Subsector Transporte

Está resolución fue emitida el 26 de Abril del 2006, en la cual el Ministerio de

Transportes y Comunicaciones cumpliendo acorde a sus funciones asigna a la Dirección de Asuntos Socio Ambientales el deber de velar por el cumplimiento de las normas de conservación del medio ambiente del subsector con el fin de garantizar el adecuado manejo de los recursos naturales. Por ello, a través de esta guía metodología establece pautas e instrumentos metodológicos que contribuyan en estos procesos.

3.3.7 Ley N°27117: Ley General de Expropiación

Tal como se mencionó en el artículo 70º de la Constitución Política la expropiación se aplica en caso excepcional a los derechos reales de propiedad, la ley de expropiación fue publicada el 20 de mayo de 1999, en la cual se considera como requisito la autorización por ley expresa del Congreso en favor del Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, Regiones o Gobiernos Locales y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio del propietario y únicamente se podrá llevar a cabo por razón de necesidad pública o seguridad nacional que justifica la expropiación. Para este procedimiento se aplicará conforme al Título I que corresponde a las Disposiciones Generales, en el artículo 9° sobre el trato directo en su inciso 9.1 señalando que “Procede el trato directo sólo cuando, de acuerdo al informe registral correspondiente, no existan duplicidades regístrales o proceso judicial en que se discuta la propiedad del inmueble.

En estos casos, en un plazo de 5 días útiles, contados a partir de la publicación de la resolución a que se refiere el artículo precedente, el sujeto activo de la expropiación formulará al sujeto pasivo, mediante carta notarial, una oferta igual al monto del valor comercial actualizado del inmueble a expropiarse más un porcentaje equivalente al 5% de dicho valor por concepto de indemnización justipreciada”.

Durante las actividades previas a la ejecución del proyecto se determinarán las zonas que estarán sujetas a la expropiación de terrenos, el cual se realizará  conforme a ley, buscando equiparar el perjuicio ocasionado. Para ello, se procederá a la tasación y justiprecio adecuado para reparar la afectación a los propietarios.

3.3.8 Resolución Directoral Nº 007-2004-MTC/16: Directrices para la Elaboración y Aplicación de Planes de Compensación y Reasentamiento Involuntario para Proyectos de Infraestructura de Transporte.

Emitida el 19 de enero del 2004. La Dirección General de Asuntos Socio

Ambientales ha elaborado el documento que contiene las Directrices para la

Elaboración y Aplicación de Planes de Compensación y Reasentamiento

Involuntario (PACRI) para Proyectos de Infraestructura de Transporte, el mismo que busca asegurar que la población afectada por un proyecto reciba una compensación justa y soluciones adecuadas a la situación generada por éste, incluyendo recomendaciones de cómo deberá manejarse desde las primeras etapas de la preparación del proyecto, vale decir, desde la etapa del estudio de factibilidad y en el estudio definitivo las soluciones a los diversos problemas de la población objetivo; previniendo los costos y los plazos que se requerirían.

3.3.9 Resolución Directoral Nº 029 – 2006 – MTC/16: Identificación y

Desarrollo de Indicadores Socio Ambientales para la Infraestructura Vial en la Identificación, Clasificación y Medición de los Impactos Socio Ambientales.

Esta resolución fue emitida el 21 de abril del 2006, siguiendo con los lineamientos de implementación de políticas estratégicas, la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales propone la aprobación administrativa del presente documento para el sector transporte.

3.3.10 Resolución Directoral Nº 012-2007-MTC/16: Aprueban Lineamientos para Elaborar Estudios de Impacto Ambiental en Proyectos Portuarios a Nivel de Estudio Definitivo.

Resolución emitida el 26 de enero del 2007 en la cual la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales acorde a su función de velar por el cumplimiento de las normas de conservación del medio ambiente del Subsector, así como de conducir los procesos de expropiación y reubicación que las mismas requieran, teniendo entre sus funciones, la de formular y proponer políticas, estrategias y proyectos de normas socio-ambientales para el subsector propone estos lineamientos para poder lograr una efectiva gestión socio-ambiental.

3.3.11 Ley 29338 – Ley de Recursos Hídricos 

Esta ley fue publicada el 30 de marzo del 2009. La presente Ley tiene por finalidad regular el uso y gestión integrada del agua, la actuación del estado, los particulares y sus bienes asociados. Por ello, se debe fiscalizar las condiciones de uso para evitar su afectación. 

Artículo 5°.- El agua comprendida en la ley

El agua cuya regulación es materia de la presente Ley comprende lo siguiente:

  1. La de los ríos y sus afluentes, desde su origen natural
  2. la que discurre por cauces artificiales
  3. la acumulada en forma natural o artificial
  4. la que se encuentra en las ensenadas y esteros
  5. la que se encuentra en los humedales y manglares
  6. la que se encuentra en los manantiales
  7. la de los nevados y glaciares
  8. la residual
  9. la subterránea
  10. la de origen minero medicinal
  11. la geotermal
  12. la atmosférica
  13. la proveniente de la desalación.

Artículo 7º.- Bienes de dominio público hidráulico

Constituyen bienes de dominio público hidráulico, sujetos a las disposiciones de la presente Ley, el agua enunciada en el artículo 5° y los bienes naturales asociados a esta señalados en el numeral 1 del artículo 6°. Toda intervención de los particulares que afecte o altere las características de estos bienes debe ser previamente autorizada por la Autoridad Administrativa del Agua, con excepción del uso primario del agua y las referentes a la navegación.

Artículo 14°.- La Autoridad Nacional como ente rector

La Autoridad. Nacional es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Es responsable del funcionamiento de dicho sistema en el marco de lo establecido en la Ley.

El proyecto “Construcción del Ferrocarril Interoceánico Norte: Yurimaguas –

Iquitos” requerirá de la utilización de agua en la etapa de construcción, principalmente para la ejecución de las obras civiles, este componente será extraído de los cuerpos de agua más próximos al trazo de la línea del ferrocarril; para ello se realizarán las gestiones pertinentes para la obtención de los permisos respectivos ante la autoridad competente.

3.3.12  Ordenanza Regional N°005-2013-GRL-CR

Esta Ordenanza fue emitida el 08 de Abril del 2013 con el fin de seguir profundizando la labor que realizan en el ámbito de la gestión del medio Ambiente en el gobierno regional. Por ello el presidente de la región Loreto constituye esta norma que hace referencia a la aprobación del documento técnico “Identificación y Delimitación de Cabeceras de Cuencas Hidrográficas Prioritarias del

Departamento de Loreto” y el “Mapa de Ubicación de Cabeceras de Cuencas Hidrográficas Prioritarias del Departamento de Loreto”.

Por esta ordenanza se busca el reconocimiento, protección y conservación de las cabeceras de cuenca hidrográficas, debido a que ellas constituyen un elemento muy importante para el mantenimiento del ciclo del agua y de los nutrientes, el desarrollo de las actividades económicas de las poblaciones amazónicas, el abastecimiento directo para el uso primario y poblacional del agua, el transporte, la agricultura en suelos aluviales, la pesquería, entre otros. 

En la actualidad, tal como se menciona en la ordenanza el agua en la Amazonía viene sufriendo desbalances hídricos continuos, con ello poniendo en peligro la existencia misma de los bosques y los servicios ambientales que prestan, tal como la producción de oxígeno, la fijación de dióxido de carbono y el papel que tienen como hábitat de especies animales y vegetales; así como se pone en peligro la persistencia de procesos ecológicos y evolutivos, que gobiernan el desarrollo y existencia de una mega diversidad. Ante este hecho se adoptan estas medidas con la necesidad de preservar la importancia de las Cabeceras de Cuenca hidrográfica  excluyendo de esta manera actividades que puedan afectarla, tales como actividades agropecuarias, agroindustriales y de infraestructura, minería artesanal y pequeña minería, extracción forestal mecanizada y construcción de infraestructura vial, establecimiento de nuevos centros poblados , entre otras que puedan generar el cambio de uso de tierras de aptitud agropecuaria con cobertura boscosa; salvo la implementación de infraestructura vial prioritaria para el desarrollo estratégico del Departamento de Loreto.

En el caso del proyecto “Construcción del ferrocarril interoceánico Norte: Yurimaguas – Iquitos”, este es un proyecto de gran envergadura que mejorará el desarrollo estratégico del Departamento de Loreto al proporcionar conectividad entre estas zonas generando mayor desarrollo de la población a través del comercio y las diversas actividades económicas que se implementarán con este proyecto.

3.3.13  Ley N°26834: de Áreas Naturales Protegidas

Las Áreas Naturales Protegidas son actualmente reconocidas a nivel mundial como elemento imprescindible de cualquier estrategia de conservación y desarrollo sostenible. La presente ley fue publicada el 04 de Julio de 1997 y regula aspectos relacionados con la gestión de las Áreas Naturales Protegidas y su conservación de conformidad con el artículo 68º de la Constitución Política del Perú.

Las Áreas Naturales Protegidas son los espacios continentales o marinos de nuestro territorio nacional los cuales deben ser utilizados bajo determinadas medidas de protección, en el título IV sobre la utilización sostenible de las áreas naturales protegidas, en su artículo 25 indica que son, “Zonas de Amortiguamiento aquellas zonas adyacentes a las Áreas Naturales Protegidas del Sistema, que por su naturaleza y ubicación requieren un tratamiento especial para garantizar la conservación del área protegida. El Plan Maestro de cada área definirá la extensión que corresponda a su Zona de Amortiguamiento. Las actividades que se realicen en las Zonas de Amortiguamiento no deben poner en riesgo el cumplimiento de los fines del Área Natural Protegida”.

Previo a la ejecución de los trabajos de campo para la elaboración del estudio de impacto ambiental, se cumplió con obtener los permisos respectivos, en las siguientes áreas naturales protegidas:

  • Área de Conservación Regional – ACR Alto Nanay-Pintuyacu-Chambira (D.S. N° 005-2011 MINAM), en  la cual el área de influencia indirecta del proyecto solapa con parte de esta, aproximadamente en el pK 410+000.
  • Reserva Nacional Allpahuayo –Mishana, declarada por el D.S 002-2004 – AG, en la cual el área de influencia indirecta del proyecto solapa con parte de la zona de amortiguamiento de esta reserva en el pK 480+000.

Las autorizaciones obtenidas mediante resolución directoral se adjuntan en el Anexo B del presente documento.

3.3.14 Convenio RAMSAR (Complejo de Humedales del abanico del  Río Pastaza)

El 5 de junio el 2002 se asignó por el estado peruano como un área protegida y reconocida internacionalmente para cuidar humedales, en él se alberga una gran diversidad de especies de flora y fauna silvestre.

La Convención RAMSAR, es un tratado sobre la conservación y el uso racional de loshumedales en todos sus aspectos aprobado el 2 de febrero de 1971 en la localidad iraní de Ramsar. Existen 10 Áreas Naturales Protegidas que son asignadas como sitios RAMSAR, entre las que se encuentran el “Complejo de Humedales del Abanico del Río Pastaza”. Este complejo de Humedales tiene una extensión de más de 03 millones de Ha, situada al Norte de la Amazonia Peruana, abarca los Distritos de Pastaza, Andoas, Barranca, Morona, en la Provincia Dátem del Marañón, Distrito de trompeteros, Provincia de Loreto Nauta, Región Loreto.

3.3.15 Decreto Supremo N°038-2001-AG: Reglamento de la Ley de Áreas

Naturales Protegidas

Publicada el 26 de Junio del 2001, así como se mencionó en el acápite anterior las áreas naturales protegidas contribuyen de manera significativa al mantenimiento del equilibrio entre la actividad humana y la conservación de la naturaleza, para ello se complementó la ley con medidas que regulen directamente las influencias que podrían causarse con actividades en zonas de amortiguamiento, otorgándole una explicación en el título segundo de la gestión y categorías de las áreas naturales protegidas. Capítulo VII, de las Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional, Sub Capítulo II, De las Zonas de Amortiguamiento. 

En el artículo 64° se refiere a los Estudios de Impacto Ambiental de Actividades en Zonas de Amortiguamiento: “Los Estudios de Impacto Ambiental  – EIA y Programas de Adecuación y Manejo Ambiental – PAMA o documentos análogos de los diferentes sectores productivos que consideren actividades o acciones que modifican el estado natural de los recursos naturales renovables agua, suelo, flora y fauna silvestre ubicados en las Zonas de Amortiguamiento de las Áreas Naturales Protegidas, previamente a su aprobación por la autoridad sectorial competente requieren la opinión técnica favorable del INRENA”.

En el artículo 116° sobre procedimientos para operaciones de hidrocarburos o de minería señala “En caso de las actividades de hidrocarburos o de minería que se superpongan en todo o en parte con un Área Natural Protegida o su Zona de Amortiguamiento, se observa el siguiente procedimiento: 

  1. La autoridad sectorial competente debe coordinar previamente con el INRENA, para definir la compatibilidad de la actividad con la naturaleza jurídica y condiciones naturales del área involucrada. 
  2. De existir la compatibilidad, la Dirección General emite una Directiva que establezca los condicionantes legales y técnicos que supone operar en el área involucrada, siempre buscando las mejores prácticas posibles; 
  3. Para el caso de tramitación de petitorios mineros ubicados en estas zonas, la concesión respectiva sólo puede otorgarse previo informe técnico favorable del

INRENA; 

  • La autoridad sectorial competente solicita al INRENA aportes a ser incorporados a los Términos de Referencia para la elaboración del EIA; 
  • El EIA, debe incluir procedimientos de consulta pública, la cual se realiza en coordinación entre el sector correspondiente y el INRENA; 
  • El EIA debe tener como mínimo el contenido establecido en el Artículo 95º del

Reglamento y debe recibir la opinión técnica previa favorable del INRENA; 

  • Se promueve el monitoreo independiente para la verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales derivadas del EIA; 
  • La Autoridad Sectorial Competente debe coordinar con el INRENA sus actividades en el área involucrada; 
  • Las actividades propias de la operación como ingreso de personal, traslado de materiales, entre otros, deben estar contempladas en los Planes aprobados por la autoridad competente y ratificada por la Dirección General; sin perjuicio de ello, la empresa operadora debe solicitar en cada caso, las autorizaciones correspondientes al INRENA.”

3.3.16 Decreto Supremo N°004-2010-MINAM – Precisa la Obligación de

Solicitar Opinión Técnica Previa Vinculante en Defensa del Patrimonio Natural de las Áreas Naturales Protegidas

Publicado el 30 de marzo del 2010. En el Articulo 1.- De la opinión técnica previa vinculante. De conformidad con la legislación que regula las áreas naturales protegidas, las entidades de nivel nacional, regional y local tiene la obligación de solicitar opinión técnica previa vinculante al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado- SERNANP, en las actividades orientadas al aprovechamiento de recursos naturales o a la habilitación de infraestructura que se realicen al interior de las Áreas Naturales Protegidas. 

Para el caso del Proyecto no aplicaría lo mencionado en la norma, toda vez que este no desarrollará actividades dentro de áreas naturales protegidas.   

3.3.17 Decreto Supremo 003-2011- MINAM: Modifican Reglamento de Ley de

Áreas Naturales Protegidas

El 16 de febrero del 2011 se aprobó la modificación del artículo 116º del

Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado por Decreto Supremo Nº 038-2001-AG, que es el marco normativo que desarrolla los aspectos técnicos y legales para la correcta ejecución de la Ley de Áreas Naturales Protegidas.

Esta norma del Ministerio del Ambiente fortalece la capacidad del SERNANP para el desarrollo de una gestión más eficiente y eficaz de las Áreas Naturales Protegidas, generando a su vez seguridad jurídica para las inversiones orientadas al aprovechamiento de recursos naturales sobre estos espacios de conservación de la biodiversidad del Perú.

3.3.18 Ley N°26821: Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los

Recursos Naturales

Siguiendo con el fin del estado que es proveer de bienestar general; su principal deber es conservar el ambiente, entorno esencial de la vida y los recursos naturales que satisfacen las necesidades vitales de todos los ciudadanos de nuestro país creando esta ley orgánica que entra en vigencia el 26 de Junio de 1997, la cual señala en su título V, sobre las condiciones de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en su artículo 28°, que “Los recursos naturales deben aprovecharse en forma sostenible. El aprovechamiento sostenible implica el manejo racional de los recursos naturales teniendo en cuenta su capacidad de renovación, evitando su sobreexplotación, reponiéndolos cualitativa y cuantitativamente, de ser el caso.  El aprovechamiento sostenible de los recursos no renovables consiste en la explotación eficiente, bajo el principio de sustitución de valores o beneficios reales, evitando o mitigando el impacto negativo sobre otros recursos del entorno y del ambiente”.

3.3.19 Ley N°27308: Ley Forestal y de Fauna Silvestre

Publicada el 16 de Julio del 2000, en su artículo  22° regula la protección de la flora y fauna silvestre, del inventario y valoración de la diversidad biológica. En el inciso 22.1 menciona “El Estado adopta medidas especiales que garanticen la protección de las especies de flora y fauna silvestre que de acuerdo al reglamento por sus características o situación de vulnerabilidad requieren tal tratamiento”, y en el inciso 22.6 menciona “El Ministerio de Agricultura promueve y protege los árboles y huertos que constituyen especímenes excepcionales y semilleros importantes en los bosques”. El objeto de esta ley es normar, regular, supervisar el uso sostenible, la conservación de los usos forestales y de fauna silvestre del país dándoles un tratamiento adecuado para su preservación.

El proyecto ferroviario en su área de influencia directa e indirecta comprende e incluye con una gran biodiversidad, lo cual permite que se hayan registrado como resultado de los trabajos realizados en campo para el componente biológico a especies protegidas y en estado de vulnerabilidad.

3.3.20 Decreto Supremo N° 043-2006-AG: Aprobación de Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre

El decreto supremo fue publicado el 13 de julio del 2006. En el artículo 1°, encontramos las categorizaciones de las especies amenazadas de flora silvestre, que consta de setecientos setenta y siete (777) especies, de las cuales cuatrocientas cuatro (404) corresponden a las ordenes Pteridofitas, Gimnospermas y Angiospermas, trescientos treinta y dos (332) especies pertenecen a la familia Orchidaceae; y cuarenta y uno (41) especies pertenecen a la familia Cactaceae, distribuidas indistintamente en las siguientes categorías: En Peligro Critico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (V) y Casi Amenazado (NT), de acuerdo a los Anexos 1 y 2 que forman parte integrante del presente Decreto Supremo. En el artículo 2°.  Se prohíbe la extracción, colecta, tenencia, transporte y exportación de todos los especímenes, productos y subproductos de las especies amenazadas con fines comerciales, exceptuando los procedentes planes de manejo in situ o ex situ aprobados o los de uso de subsistencia de comunidades nativas y campesinas.

La aplicabilidad de esta norma al proyecto está en la medida que el área de influencia incluye área con poca o mucha actividad antrópica  (silvestre) por ello se debe analizar los resultados del monitoreo biológico, en el cuál obtuvimos como resultados especies en estado vulnerable como las siguientes: Pachira brevitas (punga), Tabebuia incona (tahuari), Parahancornia peruviana (naranjo podrido).

3.3.21 Decreto Supremo 034-2004-AG: Aprueban Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre y Prohíben su Caza, Captura,

Tenencia, Transporte o Exportación con Fines Comerciales 

Publicado el 22 de setiembre del 2004, En el artículo 1°. se menciona la lista de categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre, que consta de 301 especies, de las cuales 65 son mamíferos, 172 aves, 26 reptiles, 38 anfibios, distribuidas indistintamente en las siguientes categorías: en peligro crítico (CR), en peligro (EN), Vulnerable (V), Casi amenazado (NT). En el artículo 2° se indica la prohibición de la caza, captura, tenencia, transporte o exportación con fines comerciales de todos los especímenes, productos y subproductos de las especies amenazadas de fauna silvestre.

3.3.22 Ley N° 27314: Ley General de Residuos Sólidos

La presente Ley establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada. La Ley N° 27314 se aplica a las actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final para prevenir posteriores impactos. Entró en vigencia 21 de Julio de 2000.

En el artículo 16° sobre los residuos del ámbito no municipal, “El generador, empresa prestadora de servicios, operador y cualquier persona que intervenga en el manejo de residuos sólidos no comprendidos en el ámbito de la gestión municipal será responsable por su manejo seguro, sanitario y ambientalmente adecuado, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley, sus reglamentos y las normas técnicas correspondientes”. El artículo 24°, envases de sustancias o productos peligrosos señala que los envases que han sido utilizados para el almacenamiento o comercialización de sustancias o productos peligrosos y los productos usados o vencidos que puedan causar daños a la salud o al ambiente son considerados residuos peligrosos y deben ser manejados como tales, salvo que sean sometidos a un tratamiento que elimine sus características de peligrosidad, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 22° de la presente Ley y sus normas reglamentarias. ”Los fabricantes, o en su defecto, los importadores o distribuidores de los mismos son responsables de su recuperación cuando sea técnica y económicamente factible o de su manejo directo o indirecto, con observación de las exigencias sanitarias y ambientales establecidas en esta Ley y las normas reglamentarias vigentes o que se expidan para este efecto.” 

Y en el artículo 31° sobre el  EIA y PAMA menciona: “Manejo de residuos sólidos es parte integrante de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). A partir de la vigencia de esta norma, los referidos instrumentos serán formulados con observancia de las disposiciones reglamentarias de la presente Ley y en particular, de los siguientes aspectos:

  1. Prevención y control de riesgos sanitarios y ambientales.
  2. Criterios adoptados y características de las operaciones o procesos de manejo”.

3.3.23 Decreto Legislativo N° 1065: Modificatoria de la Ley de Residuos

Sólidos

Se modificó la ley el 28 de junio del 2008 con el fin de promover el desarrollo de la infraestructura de residuos sólidos, para atender la demanda creciente de la población y del propio sector privado que constituye una fuente importante de generación de residuos, producto de las actividades económicas que realizan las empresas del país. El presente Decreto Legislativo modifica los artículos 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12°, 16°, 19°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°,

37°, 38°, 39°, 44°, 48°, 49° y 50° de la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos Ley Nº 27314.

La presente modificatoria señala en el artículo 9°, el rol de los gobiernos regionales “Los gobiernos regionales promueven la adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción. Priorizan programas de inversión pública o mixta, para la construcción, puesta en valor o adecuación ambiental y sanitaria de la infraestructura de residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción, en coordinación con las municipalidades  provinciales correspondientes. El gobierno regional debe asumir, en coordinación con la autoridad de Salud de su jurisdicción y el Ministerio del Ambiente, o a pedido de cualquiera de dichas autoridades, según corresponda, la prestación de los servicios de residuos sólidos para completar o suplir la acción de aquellas municipalidades provinciales o distritales que no puedan hacerse cargo de los mismos en forma adecuada, o que estén comprendidas en el ámbito de una declaratoria de emergencia sanitaria o ambiental. El costo de los servicios prestado deberá ser sufragado por la municipalidad correspondiente”.

3.3.24 Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM: Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos

Publicado en el diario “El Peruano” el 24 de julio del 2004 con el objeto de asegurar que la gestión y el manejo de los residuos sólidos sean apropiados para prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar de la persona humana. El artículo 26° de la referida norma señala sobre los Estudios Ambientales: “Los titulares de los proyectos de obras o actividades, públicas o privadas, que generen o vayan a manejar residuos, deben incorporar compromisos legalmente exigibles relativos a la gestión adecuada de los residuos sólidos generados, en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), en los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y en otros instrumentos ambientales exigidos por la legislación ambiental respectiva. Esta disposición se aplicará de acuerdo a lo establecido en la Ley y sus reglamentos, la normatividad que establezca la autoridad competente del respectivo sector y la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental”.

3.3.25 Decreto Supremo Nº 001-2012-MINAM: Reglamento Nacional para la

Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctrico y

Electrónicos

Este reglamento fue aprobado el 27 de junio del 2012, establece los derechos y obligaciones para la adecuada gestión y manejo ambiental de los Residuos de Aparatos Eléctricos  y Electrónicos (RAEE) a través de las diferentes etapas de manejo: generación, recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento, reaprovechamiento, y disposición final con el fin de prevenir, controlar, mitigar y evitar daños a la salud de las personas y el ambiente.

Establecen las responsabilidades de los actores involucrados en el manejo de los RAEE y los productores de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE); conjuntamente con las municipalidades los operadores del RAEE y usuarios o consumidores de AEE asuman algunas etapas de este manejo, como parte de un sistema de responsabilidad compartida, diferenciada y con un manejo integral de los residuos sólidos, que comprenda la responsabilidad extendida del productor (REP).

Los RAEE son los residuos del AEE, categorizados por la normativa de la comunidad Económica Europea; las categorías de AEE, son las siguientes:

Grandes electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, equipos de informática y telecomunicaciones, aparatos electrónicos de consumo, de alumbrado, herramientas eléctricas y electrónicas, juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre, aparatos médicos, instrumentos de vigilancia y  control y máquinas expendedoras.

3.3.26 Ley N° 28256: Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y

Residuos Peligrosos

Entró en vigencia el 19 de Junio del 2004 con el objeto de regular las actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre de los materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los principios de prevención y de protección de las personas, el ambiente y la propiedad.  

3.3.27 Decreto Supremo N° 021-2008-MTC – Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos

Este Reglamento fue publicado el 10 de junio del 2008 y  tiene por objeto establecer las  normas y procedimientos que regulan las actividades,  procesos y operaciones del transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. Las personas que se encuentran comprendidas dentro del ámbito de aplicación son las que se mencionan en el artículo 3°, las cuales son las siguientes:

  • “Las personas naturales o jurídicas que realicen el transporte de materiales y/o residuos peligrosos;
  • El remitente de materiales o residuos peligrosos;
  • El destinatario de materiales o residuos peligrosos y,
  • Los conductores y maquinistas que conducen vehículos o locomotoras que transportan materiales o residuos peligrosos”.

Asimismo, en el artículo 9° sobre el papel de las municipalidades provinciales estas serán las encargadas que en la red vial de su jurisdicción y competencia se respete lo siguiente:

“Señalarán las vías alternas para el tránsito de los vehículos y unidades de carga en los que se transporta materiales o residuos peligrosos, así como los lugares de estacionamiento de las mismas, debiendo coordinar para ello, con la Comisión Ambiental Regional (CAR) y el órgano competente del gobierno regional”. Autorizarán los lugares de descontaminación de los vehículos y unidades de carga que transportan materiales o residuos peligrosos cumpliendo con las condiciones técnico-sanitarias establecidas por DIGESA, a excepción de las áreas que para este fin estén comprendidas dentro de las unidades de producción”.

Además, entre sus principales disposiciones se encuentran las relativas a:

  • La póliza de seguros y del Plan de Contingencia, 
  • La capacitación del personal que interviene en la operación de transporte
  • Registro único y autorización de transporte terrestre de materiales o residuos peligrosos por carretera y ferrocarril
  • Régimen de fiscalización, infracciones y sanciones
  • Medidas preventivas para el transporte de materiales o residuos peligrosos.

3.3.28 Decreto Supremo N°026-94-EM: Reglamento de seguridad para el transporte de hidrocarburos

El Reglamento tiene alcance a toda persona natural, jurídica nacional o extranjera que realice actividades relacionadas al transporte de hidrocarburos.

Respecto al transporte vía terrestre, específicamente, por carretera, de deben acatar las siguientes recomendaciones dadas por el Reglamento: contar con los registros, equipos que se encuentren bajo el control del transportista, que los transportistas cuenten con capacitaciones de lo contrario no podrán movilizarse, si no cuenta con los documentos de embarque del hidrocarburo líquido correspondiente que sea derivado del expedidor, tener cuidado con los aumentos indebidos de temperatura del contenedor y del producto de transporte

Referente el transporte vía ferrocarril se deben inspeccionar los vagones tanque, contar con las precauciones de seguridad y prevención de incendios, contar con los documentos de embarque, informe de incidentes con hidrocarburos líquidos y gases, deberán observarse las operaciones de carga y descarga de hidrocarburos, y contar con las pólizas de seguros y las pruebas sustentatorias de dicho seguro.

3.3.29 Decreto Supremo N° 085-2003-PCM: Reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para ruido

El presente decreto supremo publicado el 30 de octubre del 2003, establece los estándares de calidad ambiental para ruido en ambiente externo, conforme se señala en el Título II, capítulo 1, artículo 4° lo siguiente, “De los Estándares Primarios de Calidad Ambiental para Ruido”: Los Estándares Primarios de Calidad Ambiental (ECA) para Ruido establecen los niveles máximos de ruido en el ambiente que no deben excederse para proteger la salud humana. Dichos ECAs consideran como parámetro el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT) y toman en cuenta las zonas de aplicación y horarios, que se establecen en el Anexo Nº 1 de la presente norma. 

Artículo 5° De las zonas de aplicación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. Para efectos de la presente norma, se especifican las siguientes zonas de aplicación: Zona Residencial, Zona Comercial, Zona Industrial, Zona Mixta y Zona de Protección Especial. Las zonas: residencial, comercial e industrial, deberán haber sido establecidas como tales por la municipalidad correspondiente.

Los valores expresados en LAeqT para la zona residencial y de protección especial de las zonas de aplicación descritas se muestran en el cuadro 1.

Cuadro 1: Estándares para ruido ambiental

HorarioZona de AplicaciónECA LAeqT
Diurno (07:01- 22:00)Protección especial50
Residencial60
Nocturno (22:01 – 07:00)Protección especial40
Residencial50

 Fuente: D.S. 085-PCM

De la interpretación de la norma se deduce que ésta se refiere únicamente a zonas pobladas, es decir a la afección acústica sobre personas, al citar conceptos de salud pública, edificios, etc., y obviar alusiones a entornos naturales, fauna, ANP, ni similares circunstancias, de lo que se derivaría la exclusión de su aplicación en selva fuera de las proximidades de comunidades y ciudades.

En este sentido, conviene transcribir las siguientes partes de la norma: 

“Artículo 1.- Del Objetivo: La presente norma establece los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido y los lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible.” “Artículo 3.- De las Definiciones: 

  1. Contaminación Sonora: Presencia en el ambiente exterior o en el interior de las edificaciones, de niveles de ruido que generen riesgos a la salud y al bienestar humano.
  2. Estándares Primarios de Calidad Ambiental para Ruido.- Son aquellos que consideran los niveles máximos de ruido en el ambiente exterior, los cuales no deben excederse a fin de proteger la salud humana. Dichos niveles corresponden a los valores de presión sonora continua equivalente con ponderación A.

n) Ruido: Sonido no deseado que moleste, perjudique o afecte a la salud de las personas.”

“Artículo 4.- De los Estándares Primarios de Calidad Ambiental para Ruido Los

Estándares Primarios de Calidad Ambiental (ECA) para Ruido establecen los niveles máximos de ruido en el ambiente que no deben excederse para proteger la salud humana.”

Con respecto a la definición de cada uno de los usos para los que se establecen los ECA, se observa claramente que en el caso de las zonas de protección especial no hay ninguna relación con espacios naturales o selva, sino que se enfocan a aquellos usos más sensibles para las personas, en concreto:

“u) Zona de protección especial: Es aquella de alta sensibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio que requieren una protección especial contra el ruido donde se ubican establecimientos de salud, establecimientos educativos asilos y orfanatos.

v) Zona residencial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para el uso identificado con viviendas o residencias, que permiten la presencia de altas, medias y bajas concentraciones poblacionales.”

Del epígrafe u) anterior, referente a zonas residenciales, parecen quedar supeditadas a su previa autorización por el gobierno correspondiente como tales, asimilándolas a aquellas con viviendas o residencias en distinta densidad. Paralelamente, pero de un modo más explícito, en el caso de las zonas de protección especial se prescribe la necesidad de una previa identificación formal por los distintos órganos competentes, en concreto en el artículo que sigue: 

“Artículo 7.- De las zonas de protección especial

Las municipalidades provinciales en coordinación con las distritales, deberán identificar las zonas de protección especial y priorizar las acciones o medidas necesarias a fin de cumplir con el ECA establecido en el Anexo Nº 1 de la presente norma de 50 dB(A) A para el horario diurno y 40 dB(A) A para el horario nocturno.”

Por último, es conveniente aludir al siguiente artículo que deja la pauta para contemplar situaciones excepcionales en las que se superasen niveles de ruido, si bien es referido a situaciones eventuales (como puedan ser las obras) llama la atención la consideración de obra de interés público: 

“Artículo 18.- De las Situaciones Especiales

Las municipalidades provinciales o distritales según corresponda, podrán autorizar la realización de actividades eventuales que generen temporalmente niveles de contaminación sonora por encima de lo establecido en los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido, y cuya realización sea de interés público. Cada autorización debe definir las condiciones bajo las cuales podrán realizarse dichas actividades, incluyendo la duración de la autorización, así como las medidas que deberá adoptar el titular de la actividad para proteger la salud de las personas expuestas, en función de las zonas de aplicación, características y el horario de realización de las actividades eventuales.”

3.3.30 Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM: Aprueban Los Estándares Nacionales de Calidad Para Agua

Siguiendo con la misma finalidad de preservar el ecosistema y la salud, el 31 de Julio del 2008 se aprueba el presente decreto supremo. En el artículo 1° se señala, “Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, contenidos en el Anexo I del presente Decreto Supremo, Con el objetivo de establecer el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presente en el agua, en su condición de cuerpo receptor y componente básico de los ecosistemas acuáticos, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni para el cuerpo de agua del territorio nacional en su estado natural y son obligatorios en el diseño de las normas legales y las políticas públicas siendo un referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental”.

Los estándares de Calidad Ambiental aplicados para su comparación a los resultados de monitoreo de calidad de agua realizada para la línea base del EIA, se muestran en el cuadro 2:

Cuadro 2: Estándares de calidad ambiental (ECAs) de agua

 ParámetrosECAsNorma de referencia
 Aceites y grasasausenteD.S. Nº 002-2003-MINAM Estándares Nacional de Calidad Ambiental para Agua
 Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5)<10
 Oxígeno disuelto≥5*
 pH6,5 – 8,5*
 Sólidos totales disueltos500
 Sólidos totales suspendidos≤25-400*
 Arsénico0,05
 Cobre0,02
 Plomo0,001*
 HidrocarburosAusente
ParámetrosECAsNorma de referencia 
Cianuro Libre0,022  
Cromo VI0,05 
Fenoles0,001  
Fosfatos total0,5 
Mercurio0,0001 
Nitratos10 
Bario1  
Cadmio0,004 
Níquel0,025 

Fuente: D.S. Nº 002-2003-MINAM

3.3.31 Resolución N°357: Conselho Nacional do Meio Ambente CONAMABRASIL

El 18 de Marzo del 2005 fue publicada esta resolución con el fin de preservar el medio ambiente específicamente el recurso del Agua. Debido al singular aporte de la normatividad legal de este país lo tomaremos como  legislación complementaria que nos ayudara a establecer niveles comparativos para este componente. 

Los ECAs de referencia están establecidos en el siguiente cuadro:

 Cuadro 3: ECAs complementarios de Brasil

ParámetrosUnidadECANorma de referencia
Litiomg/l2,5Resolucao N° 357Conselho do Meio Ambiente CONAMA Brasil, de 17 de Marzo del 2005
Nitrógeno Amoniacalmg/l3,7
Sulfuro de hidrogenomg/l0,002
Boromg/l0,5
Platamg/l0,01
Beriliomg/l0,004
Cobaltomg/l0,05
Cromo totalmg/l0,05
Manganesomg/l0,1
Fosforomg/l0,1
Antimoniomg/l0,05
Seleniomg/l0,01
Zincmg/l0,18
Vanadiomg/l0,1
Beriliomg/l 

    Fuente: Resolucao N° 357-Consejo del Medio Ambiente CONAMA

3.3.32 Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM: Reglamento de Estándares

Nacionales de Calidad Ambiental del Aire

Entró en vigencia el 22 de Junio del 2001. Esta norma establece los estándares de calidad ambiental de aire para proteger la salud humana.

En su artículo 4° especifica cual son considerados los estándares primarios, “Los estándares primarios de calidad del aire consideran los niveles de concentración máxima de los siguientes contaminantes del aire: Dióxido de Azufre (SO2), Material Particulado con diámetro menor o igual a 10 micrómetros (PM-10), Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Nitrógeno (N02), Ozono (O3), Plomo (Pb), Sulfuro de Hidrógeno (H2S)”.

Los parámetros y valores de comparación utilizados en el estudio de impacto ambiental del proyecto, se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro 4: ECAs de aire

ParámetrosECA (ug/m3)Norma de referencia
PM-2.550D.S. Nº 003-2008-MINAM Estándares de calidad ambiental para aire
SO280
NO2200D.S. Nº 074-2001-PCM Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire del 21 de Junio del 2001
CO30 000
PM-10150

Fuente: D.S. Nº 003-2008-MINAM, D.S. Nº 074-2001-PCM  

3.3.33 Decreto Supremo Nº 003-2008-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad para Aire

Fue publica el 21 de Agosto del 2008, como norma complementaria del D.S. 0742001-PCM, entre sus disposiciones se establecen variaciones las cuales están contenidos en el anexo I del decreto supremo. 

3.3.34 Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM: Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo

Entro en vigencia el 25 de marzo del 2013, entre sus disposiciones se establecen los estándares de calidad ambiental para suelo. Los cuales se especifican a continuación.

Cuadro 5: ECAs de suelo

ParámetrosECA (mg/kg)Parámetros ECA (mg/kg)Norma de Referencia
Arsénico50Plomo70D.S. Nº 002- 2013-MINAM aprueban estándares de Calidad ambiental para suelo
Bario750Mercurio6,6
Cadmio1,4 

     Fuente: D.S. Nº 002-2013-MINAM

3.3.35 Canadian Environmental Quality Guidelines – Calidad de Suelo

Se utilizará esta norma como complementaria para poder hacer una descripción comparativa tomando como referencia las Guías de Calidad Ambiental de Canadá (Canadian Enviromental Quality Guidelines). Diciembre del 2003. Los niveles de ECAs de referencia se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 6: ECA de referencia de suelo del canadá

ParámetrosECA (mg/kg)ParámetrosECA (mg/kg)
AluminioHierro
Antimonio20Magnesio
Arsénico12Manganeso
Bario750Molibdeno
Berilio4Mercurio6,6
BismutoNíquel50
Cadmio1,4Plata20
CalcioPlomo70
Cobalto40Potasio
Cobre63Sodio5
Cromo64Talio
Estaño5Titanio
EstroncioVanadio130
FosforoZinc

   Fuente: Canadian Environmental Quality Guidelines

3.3.36 Resolución Vice Ministerial Nº 1079-2007-MTC/02: Lineamientos para la Elaboración de los Términos de Referencia de los Estudios de Impacto Ambiental para Proyectos de Infraestructura Vial.

Esta resolución fue publicada el 28 de diciembre del 2007, teniendo por alcances que se aplicará en los proyectos nacionales, regionales y locales que comprendan obras de Infraestructura vial. En los casos de obras que impliquen construcción de infraestructura no existente, los presentes lineamientos pueden ampliarse considerando los impactos característicos de estos proyectos (especialmente impactos indirectos y acumulativos). 

Los lineamientos presentados se aplicarán de acuerdo a las particularidades y nivel de cada proyecto según la etapa que se encuentra dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), así como en función de la categoría de la Propuesta Técnica Económica (PTE) del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de acuerdo al riesgo ambiental según la Ley 27446 (Declaración de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado y Estudio de Impacto Ambiental Detallado). 

El estudio de impacto ambiental del proyecto “Construcción del Ferrocarril Interoceánico Norte: Yurimaguas – Iquitos” está estructurado siguiendo los lineamientos indicados en la presente Resolución.

3.3.37 Resolución Directoral Nº 068-2005-MTC/16: Manual de Gestión Socio

Ambiental para Proyectos Viales Departamentales

Publicada el 22 de Noviembre del 2005, considera el análisis conjunto de las disposiciones del sector, la cual contiene las especificaciones y consideraciones ambientales para la gestión de la red vial departamental, e incluye guías para la educación y concientización socio ambiental en proyectos viales y la gestión socio ambiental para el mantenimiento de vías. 

Este manual proporciona lineamientos y especificaciones para la gestión socio ambiental del sistema vial, de tal forma que permite el adecuado manejo de la problemática ambiental y social generada por el desarrollo de obras y actividades propias de la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la red vial departamental, estableciendo además las medidas que se deben tomar en cuenta para mitigar los impactos negativos y potenciar los impactos positivos sobre el ambiente y el ser humano, por las actividades anteriormente mencionadas, así mismo, describe acciones que se deben desarrollar para que la ejecución de las obras sean amigables con el ambiente.

3.3.38 Resolución Directoral N° 028-2006-MTC/16: Manual de Relaciones

Comunitarias para Proyectos de Infraestructura Vial

Publicada el 21 de abril del 2006, con la finalidad de continuar con los lineamientos del MTC en la incorporación de los derechos ciudadanos individuales y colectivos en la supervisión de los aspectos sociales de los proyectos de infraestructura vial. Por ello este manual detalla la importancia de las relaciones entre los diversos actores, particularmente entre las poblaciones locales y las empresas responsables de la ejecución del proyecto, pueden ser objeto de tensiones y conflictos, en especial si estas últimas no actúan con responsabilidad social, si no se generan los mecanismos adecuados de información,  comunicación y sobre todo si no se norman dichas relaciones. De allí la importancia del presente Manual que establece pautas y procedimientos básicos para orientar el accionar del Estado, de las empresas y de la población, en torno a la ejecución de las obras de infraestructura vial.

Publicado por geologofredyguerra

Soy ingeniero geólogo de la Universidad Nacional de Ingeniería, radicó en la ciudad de Iquitos - Perú. Actualmente soy gerente general e ingeniero geólogo consultor de mi empresa Servicios Geo Aire Puro S.A.C. Durante 33 años he recorrido toda la selva peruana en especial la región Loreto, realizando zonificaciones ecológicas y geológicas, en proyectos de geotecnia, instrumentación geotécnica y geofísica, geomecánica aplicadas a construcción civil y en temas de geoquímica ambiental, identificación y caracterización de suelos, pasivos ambientales, gestión de calidad (ISO 9001- 14001).

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